Seguimos desde la Prosecretaría de Políticas Digitales ccon la publicación de fallos recientes que vinculan el ámbito del derecho con la tecnología.
Las publicaciones muestran cómo la expansión de la inteligencia artificial y de nuevas modalidades de ciberdelito está obligando al derecho a revisar responsabilidades y prácticas tradicionales. El primer caso introduce un problema prácticamente inédito en el ámbito judicial: el prompt injection, mediante instrucciones invisibles incorporadas deliberadamente a un escrito para intentar manipular los sistemas de IA utilizados por un tribunal brasileño, conducta considerada un ataque a la integridad de las herramientas judiciales y generadora de responsabilidad profesional.
El segundo analiza las estafas mediante software de acceso remoto como TeamViewer, estableciendo una responsabilidad concurrente entre el usuario engañado y la entidad bancaria, pero reforzando especialmente el deber de los bancos de detectar automáticamente patrones transaccionales anómalos y reaccionar preventivamente frente a nuevas formas de ingeniería social.
Los otros dos casos profundizan la transformación tecnológica de la práctica profesional y del proceso judicial. Por un lado, la aparición de citas jurisprudenciales inexistentes o “alucinaciones” potencialmente generadas por IA reafirma que la automatización no desplaza la responsabilidad ética del abogado: independientemente de la herramienta utilizada, corresponde al profesional verificar la autenticidad de las fuentes y responder por el contenido presentado ante los tribunales.
Finalmente, un innovador fallo bonaerense combina WhatsApp, billeteras virtuales, biometría y sistemas KYC (Know Your Customer) para efectuar una notificación judicial: el juez utilizó la vinculación de un número telefónico con una cuenta verificada de Mercado Pago como elemento para corroborar la identidad del destinatario. El caso anticipa un escenario particularmente novedoso en el que las infraestructuras de identificación desarrolladas por las fintech pueden convertirse en auxiliares de la Justicia, aunque planteando simultáneamente interrogantes sobre privacidad, debido proceso y los límites del uso judicial de datos administrados por plataformas privadas.
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