El caso “Baños c/ Porreta” de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ofrece un ejemplo paradigmático de cómo los tribunales argentinos están empezando a posicionarse frente al uso de IA generativa en la abogacía, a partir de un expediente tradicional de daños y perjuicios por el robo de un vehículo en una playa de estacionamiento. Si bien la Corte rechaza el recurso extraordinario por falta de legitimación pasiva del demandado, lo verdaderamente novedoso es que, tras detectar citas jurisprudenciales inexistentes, el voto mayoritario formula un llamado de atención al abogado por no verificar la existencia de esos precedentes y enfatiza que los modelos de lenguaje (LLM) nunca pueden reemplazar el criterio profesional, imponiendo un deber de supervisión humana, ético y responsable, sobre los resultados que arrojan estas herramientas.
Allí se observa una clara diferencia de enfoque entre los jueces respecto del vínculo entre abogacía e IA: mientras la Dra. Day y el Dr. Valerio sostienen que el letrado asume responsabilidad directa por las “alucinaciones” de la IA y que la supervisión humana es “esencial e insoslayable”, el Dr. Adaro, en disidencia parcial, rechaza el reproche disciplinario y advierte que no puede presumirse sin pruebas un uso indebido de IA, pues las citas erróneas podrían deberse a simples errores de tipeo. En esa línea, el juez resalta que sanciones basadas en meras conjeturas pueden vulnerar el “debido proceso digital” y terminar desincentivando la adopción responsable de tecnologías en el servicio de justicia, cuando el deber institucional debería ser, precisamente, promover su integración progresiva bajo estándares de uso ético y garantista.
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