Acciones coordinadas para una política de DDHH e igualdad educativa
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP impulsa una línea de trabajo orientada a fortalecer políticas de inclusión con calidad académica, a partir de la articulación de distintos espacios institucionales vinculados a las trayectorias educativas, la discapacidad, la salud mental y el acceso a derechos.
Para iniciar este proceso, la decana Valeria Moreno y la vicedecana Carola Bianco mantuvieron una reunión de trabajo con referentes de áreas clave. Participaron Natalia Barriviera integrante de la Comisión Asesora para Personas con Discapacidad; Andrés Szychowski integrante del Equipo de Orientación Educativa y de Acompañamiento a Estudiantes; José Martocci director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Salud Mental; Mariana Mostajo, mentora del proyecto de extensión Derecho a la salud: HIV y padecimientos mentales; y Cristina Tabolaro, directora del proyecto de extensión Facilitadores Jurídicos de Inclusión.
El encuentro permitió coordinar acciones entre las áreas que intervienen en las trayectorias académicas, con el fin de construir una mirada integrada sobre el acceso, la permanencia y el egreso universitario. En este sentido, se destacó la importancia de contar con datos rigurosos sobre las barreras existentes. Para ello, se acordó generar instancias de trabajo conjunto que permitan sistematizar experiencias y producir información relevante para la toma de decisiones institucionales.
Según datos preliminares, en función de la información brindada por el Departamento de Alumnos, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Secretaría de Asuntos Académicos y la Comisión de Discapacidad, entre 2023 y 2026 se registraron 234 ingresantes con discapacidad (un 2% del total), de los cuales 33 solicitaron excepciones específicas. La Comisión identificó que la mayoría presenta discapacidad psicosocial, seguida por la auditiva/visual y, en menor medida, la motora. Asimismo, se informó que 10 docentes presentan alguna discapacidad (1,11% de la planta).
Estas primeras cifras exponen la necesidad de mejorar los sistemas de registro para relevar de forma específica el tránsito de las personas con discapacidad en todos los claustros. El objetivo es sostener una política de inclusión que identifique y elimine las barreras basadas en criterios de "normalidad"; que impiden el acceso a derechos fundamentales. Para ello es fundamental el trabajo conjunto, la sistematización de experiencias y la construcción de información relevante para la toma de decisiones.
Los próximos pasos incluirán reuniones de articulación entre los claustros y las Secretarías de la Facultad para avanzar de manera coordinada. La propuesta se enmarca en una perspectiva que integra docencia, investigación y extensión, promoviendo el diálogo entre dispositivos para construir una Facultad más inclusiva.
